El Gobierno avanza en la búsqueda de un acuerdo por el presupuesto de 2018

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció que su gobierno ha conseguido reducir de $550 millones a $350 millones las necesidades crediticias contempladas en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018 presentado a la Asamblea Legislativa.

El jefe de Estado detalló que los cálculos provienen del estudio a la propuesta presupuestaria realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que refleja que el gobierno percibirá una vía de ingresos a través de los fondos que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) captará, producto de la renovación de concesiones, y la amnistía fiscal.

“Con esos fondos creemos que podemos llegar a adquirir alrededor de $200 millones y por lo tanto ya no estamos pidiendo los $550 sino que estamos pidiendo $350 millones en bonos [para financiar el próximo presupuesto]”, declaró el mandatario durante el programa Gobernando con la Gente, realizado este sábado en la colonia Centroamérica, en San Salvador.

La propuesta presupuestaria, presentada por el gobierno en septiembre pasado, asciende a $5,520.5 millones, de los cuales cerca de $2,400 millones son destinados al desarrollo social.

Si bien la propuesta está financiada en su mayoría con fondos propios, se requiere de la adopción de deuda para completar su financiamiento, por lo cual para ser aprobada requiere de mayoría calificada en el congreso, por 56 votos.

El Presidente lamentó que el partido ARENA no haya puesto su disposición para avalar la propuesta presupuestaria en la pasada sesión plenaria.

“Este presupuesto necesita mayoría calificada, 56 votos, requiere la decisión política del partido ARENA de trabajar por el bienestar del país y no bloquear al gobierno”, dijo, desvelando que este comportamiento en el partido de oposición tiene un matiz electoral.

“El bienestar del país lo sujetan a un interés personal y no es un partido que piensa en el país”, señaló.
Advirtió que si el presupuesto no es avalado a tiempo, se quedarán fuera varias inversiones públicas proyectadas para el próximo año, puesto que el Estado tendría que funcionar sobre la base del presupuesto de 2017.