Fiscalía chilena allana instalaciones de tribunal eclesiástico por abusos sexuales de sacerdotes

El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, encabezó hoy una histórica incautación de archivos eclesiásticos de religiosos acusados de abusos sexuales contra menores, tanto en Santiago como en Rancagua. La decisión fue coordinada con la Fiscalía Nacional y se tomó luego de que la Iglesia se negara a entregar la información originalmente requerida respecto de personas investigadas en la diócesis de Rancagua, argumentando que existía secreto pontificio.

A fines de mayo, el fiscal adjunto Sergio Pérez Nova, requirió al obispo de Rancagua, Alejandro Goic, que remitiera el total de las investigaciones realizadas en esa diócesis desde el año 2003 a la fecha que se hubiesen iniciado por la vulneración a la integridad e indemnidad sexual de menores de edad.

En lo específico, se requirió la entrega de las llamadas investigaciones de carácter previo, que son las denuncias que tras una indagatoria preliminar son desestimadas, y también aquellas que llegaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que hubiesen terminado o no con sanciones canónicas.

El requerimiento del fiscal Pérez se sustentaba en que, tal como señala la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011, el abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil, concepto que ha sido reforzado en distintas intervenciones y que de hecho hoy el enviado papal y arzobispo de Malta, Charles Scicluna, relevó al asegurar que “debemos como Iglesia colaborar con la justicia civil. El abuso de menores no es solo un delito canónico, sino un delito civil. El bien común de la Iglesia y de la sociedad convergen en la tutela del menor”.